VENEZUELA – Medidas neoliberales detonaron rebelión popular del 27F

27 feb
Medidas neoliberales detonaron rebelión popular del 27F
 
 

Caracas, 27 Feb. AVN.- La rebelión popular que se produjo el 27 de febrero de 1989 constituyó una respuesta ante las políticas neoliberales aplicadas en Venezuela durante la década de los 80 y en especial durante el segundo período presidencial de Carlos Andrés Pérez (CAP).

Pérez obtuvo la victoria en los comicios de 1988 y basó su campaña en la promesa de regresar al estado de bonanza económica que caracterizó su primera administración (1974-1979), que denominó la “Gran Venezuela”; pero que trascendió como “Venezuela Saudita” debido al flujo de dólares provenientes de la nacionalización de la industria petrolera y del hierro.

El libro La evolución de la pobreza en Venezuela, de José Ignacio Silva y Reinier Schliesser publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) en 1998, plantea que entre los años 1974 y 1979 se “produjeron sucesos en el ámbito petrolero que dieron lugar a una muy holgada situación que permitió incrementar los niveles de gasto en el área social”.

De esta manera “los ingresos petroleros extraordinarios terminaron filtrándose, al menos parcialmente, hacia los sectores pobres de la sociedad”. Sin embargo, la deuda externa aumentó de 1.200 millones de dólares en 1973 a 11.000 millones en 1978 y el siguiente presidente recibió un “país hipotecado”, como dijo Luis Herrera Campins en su primer discurso en el Congreso Nacional cuando CAP le entregó la banda presidencial.

Durante 1979 y 1983 la economía venezolana se caracterizó por una alta inflación, la depreciación real de la moneda y la caída en los ingresos petroleros. “El esquema de crecimiento económico impulsado por el Estado petrolero se agotó y el gasto social se vio afectado no sólo en cantidad sino también en calidad, al sesgarse hacia las labores administrativas, dejándose de lado la inversión social”, señalan Silva y Schliesser.

El gasto público dentro del Producto Interno Bruto (PIB) para 1988 se ubicó en 21,5%, final del periodo presidencial del “Pacto Social” de Jaime Lusinchi, y en 1989 disminuyó a 21,2%, comienzo del segundo periodo de CAP, que denominó “El gran viraje”.

Las disminuciones incidieron en gasto social real que bajó de 7,3% en 1988 a 6,9% para 1989, mientras que la inversión estatal en educación se redujo de 12.005 millones de bolívares en 1988 a 10.635 millones en 1989. Mientras que los recursos dirigidos a la salud descendieron de 5.599 millones de bolívares en 1988 a 4.311 millones en 1989.

Panorama desalentador

A juicio del historiador y analista político Juan Eduardo Romero, como consecuencia de una campaña electoral que hacía referencia al pasado y a las promesas de bienestar, la población venezolana se creó expectativas que no pudieron ser cubiertas por el gobierno de Pérez.

“Un conjunto de colectivos sociales pudieron darse cuenta de que su situación no iba a mejorar, sino que incluso iba a empeorar”, indicó en entrevista con la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Recordó que para 1989 la población venezolana en condiciones de pobreza rondaba el 70%, como consecuencia de unas políticas que se habían implementado desde del 18 de febrero de 1982, cuando se produjo la devaluación del bolívar.

En el libro 27- F para siempre en la memoria de nuestro pueblo, editado por la Defensoría del Pueblo, se destaca una serie de titulares de artículos periodísticos de la época: “Subió precio del azúcar, cereales y oleaginosas”; “Liberadas las tasas de interés”; “Angustia y paciencia para comprar”; “Aumento de tarifas de libres y por puesto”; “Aumento de la gasolina”, entre otros.

La compilación incluye además declaraciones formuladas por CAP, entre las que figuran: “no pueden haber ajustes en lo económico cuyos efectos sólo se sientan en los grupos de menores ingresos”, las cuales contrastan con el paquete de medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciadas el 16 de febrero de 1989.

El programa de ajustes comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Entre las principales medidas resaltaba la solicitud de ayuda financiera al FMI, para lo cual el país debía someterse a un programa de supervisión de ese organismo, con el fin de obtener 4.500 millones de dólares durante el lapso de tres años.

El programa de ajustes, conocido como “El paquetazo”, estipulaba entre otras medidas el alza de las tarifas de bienes y servicios a través de la liberación de precios de algunos alimentos, con la excepción de 18 renglones de la cesta básica. Así como el aumento de las tasas de interés e impuestos, la supresión de subsidios y la negativa al incremento salarial.

“En coordinación con el FMI, el Banco Mundial y el Comité de la Banca internacional, se planteó una estrategia económica dirigida a recuperar equilibrios macroeconómicos perdidos, a fin de que pudiera intentarse de nuevo avanzar en el proceso de transición de un modelo económico y político rentístico-petrolero (populista clientelar) a otro de carácter tecnocrático-privatista”, refiere la compilación publicada por la Defensoría del Pueblo.

Para Romero, también profesor de la Universidad del Zulia (LUZ) y de la Bolivariana de Venezuela (UBV), estas medidas encajan dentro de lo que se conoce como el “consenso de Washington”, que propone el desmontaje del Estado de bienestar que prevalecía en América Latina, el cual requería de una alta inversión en el gasto público.

“En el pensamiento neoliberal la política de gasto público no debe existir porque cada individuo debe resolver sus necesidades, de acuerdo con las reglas del mercado y de sus capacidades”, subrayó.

Estallido social

“El paquetazo” de CAP incluyó el aumento de 14 derivados del petróleo y, en especial, el de la gasolina, que experimentó un alza promedio de 94%, lo que su vez acarreó un incremento en las tarifas del transporte público urbano de 30%.

Sin embargo, los transportistas consideraron que el aumento debía ser de al menos un 70%, por lo que la Cámara del Transporte convocó un paro para el día 27 de febrero como medida de presión sobre el Ejecutivo Nacional.

Al tratar de imponer sus tarifas, los usuarios reaccionaron con actos de violencia contra las unidades de transporte.

Asimismo, entre el 27 y 29 de febrero, ante una ola de acaparamiento y especulación en los principales rubros alimenticios se comenzaron a producir una serie saqueos y protestas en Guarenas, estado Miranda y en algunas zonas del área metropolitana de Caracas y La Guaira, que posteriormente, se extendieron a los estados Aragua, Carabobo y Mérida.

“Medio kilómetro para comprar leche”; “El FMI encendió las calles de Caracas”; “Violencia en todo el país” y “Arde el país, alza del pasaje prendió la mecha”, eran los principales titulares de la prensa de finales de febrero.

Para Briceño, la crisis de expectativas y la enorme frustración de la población, condujo a que se produjera una movilización que significó un estallido social.

“Esa acción no pudo ser asignada a ningún colectivo u organización política en particular, fue la reacción de un pueblo, que tarde o temprano tenía que producirse como respuesta a las carencias y a la disminución de sus posibilidades de desarrollo social”, expuso.

El historiador indicó que con esta revuelta popular comenzó una transición importante, que permite entender la llegada a la presidencia de Hugo Chávez y el inicio de una revolución política, económica y social.

Leonardo Buitrago AVN 27/02/2012
 
( Fonte: www.avn.info.ve )
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